3er JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD el turno de la pata judicial de la dictadura cívico militar.

En ámbitos del Tribunal Oral Federal de la Provincia de San Luis, se está desarrollando el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Provincia durante el terrorismo de Estado, que asoló a nuestro país desde 1974 hasta 1983. En los juicios precedentes se juzgó y condenó a miembros del ejército, de la fuerza aérea, de la policía federal y provincial.

 Los imputados son ex juez federal de San Luis Eduardo Francisco Allende (78); ex fiscal federal de la provincia Hipólito Saá (80);  teniente de Artillería del Comando de Artillería 141 Alberto Eduardo Camps (70), y el médico de la Policía de la provincia de San Luis Jorge Omar Caram (78). En los dos primeros casos, los acuscados se encuentran ya procesados con prisión preventiva por resolución firme desde diciembre de 2014, mientras que los dos últimos lo están desde febrero de ese mismo año.

Los jueces federales María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli  de Mendoza y Julián Falcucci (Presidente) de Córdoba, conforman el Tribunal. Por el ministerio Público Fiscal  Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo,  la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) entidad querellante, está representada por el abogado Norberto Hugo Foresti. Hipólito Sáa cuenta con el patrocinio de Juan Rodríguez Estévez y Mercedes Saá, mientras que Allende, Caram y Camps son asistidos por los defensores oficiales, Santiago Bahamonde, Federico Pastor y la abogada Claudia Ibañez

En esta oportunidad el Ministerio Público Fiscal señalo a los acusados como responsables de asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos, y en el caso de los magistrados, como partícipes necesarios de una veintena de hechos, a los que se suman otros seis con la figura de homicidio agravado.

Los antecedentes, como detalló el fiscal Cristián Rachid en su escrito son: los secuestros y desapariciones que se produjeron sistemáticamente en el marco de operativos efectuados con la excusa de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos comenzaron a producirse antes del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. A partir de octubre de 1975, el Ejército tuvo la responsabilidad primaria de lo que dio en llamar “lucha antisubversiva”.

En lo que respecta a Camps y Caram, fueron procesados por integrar la organización criminal oculta tras el aparato de poder estatal que llevó a cabo el plan sistemático de eliminación de opositores políticos en esa provincia, así como su directa intervención en la ejecución de las privaciones ilegítimas de la libertad en 11 casos, cuatro de los cuales también involucran a Allende y Saá En el caso particular de Camps, tenía una posición clave –intermedia- en la línea de mandos desde donde se desplegaba la actividad clandestina criminal, ya que llegó a desempeñarse como jefe de Batería de Comando y Servicios, teniendo soldados bajo su mando y cargo.

Por su parte, según su legajo, Caram se desempeñó en la Policía de la Provincia de San Luis como médico cirujano, y cumplía una función clave dentro de las tareas, pues revisaba a las víctimas entre sesiones de tortura y mientras se encontraban cautivas en centros clandestinos de detención para facilitar las tareas de interrogadores y torturadores.

Sobre el rol cumplido por Allende y Saa, el fiscal Rachid resaltó que “el terrorismo de Estado en San Luis contó con la complicidad de miembros de relevancia de un poder judicial que se adaptó al ‘plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión’ (…) Su actuación fue determinante para que, en su conjunto y sin perjuicio de la determinación de responsabilidad individual de cada uno de sus miembros, el Poder Judicial Federal de la provincia de San Luis evidenció una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron”. En efecto, la mayor parte de las denuncias recibidas por sendos funcionarios fueron archivadas o provisionalmente sobreseí das sin mediar ningún tipo de investigación al respecto. Tampoco, tomaron acción a partir de las declaraciones formuladas por detenidos durante este período, e incluso en muchos casos los denunciantes fueron procesados y condenados sin que se diera inicio a investigación alguna por los hechos de los que fueron víctimas. 

Los representantes del poder judicial local no sólo no impulsaron las medidas que resultaban necesarias en el ejercicio de sus labores, sino que tampoco se constituyeron en los lugares bajo control de los organismos que emitían los informes que llegaban a sus despachos. Esto tiene especial relevancia ya que, a la época de los hechos, el tribunal federal de San Luís colindaba con dependencias de la Jefatura Central de la Policía de la Provincia.

En su carácter de integrantes del poder judicial local, Allende y Saa no promovieron la persecución y represión de los delitos de lesa humanidad cometidos por el aparato represivo del Estado, pese a que tomaron conocimiento de ellos a través de los sumarios policiales iniciados por oficio, o por denuncias de particulares que derivaron en procesos que tramitaron ante la justicia federal, así como las declaraciones de las propias víctimas al momento de ser recibidos en declaración indagatoria en el marco de los procesos iniciados en su contra. Esta inacción no hace más que demostrar la verdadera participación criminal de los ex magistrados en los delitos de privaciones ilegales de la libertad, imposición de tormentos y homicidios, ejecutados por las fuerzas armadas y de seguridad afectadas al cumplimiento del plan criminal sistemático en la provincia.

Se imputó a Eduardo Alberto Camps como autor del delito de asociación ilícita en calidad de integrante de la misma, coautor material del delito de privación abusiva de la libertad agravada en tres hechos en perjuicio de Isabel Catalina Garraza, Edgardo Raúl Lima y Domingo Alberto Silva, en los que también figura como coautor material del delito de tormentos, además de ser autor del delito de asociación ilícita en calidad de integrante de la misma. 

Por su parte Jorge Omar Caram figura como coautor material del delito de privación abusiva de la libertad agravada en tres hechos en perjuicio de Carlos Enrique Correa, Juan Fernando Vergés, Aníbal Franklin Oliveras y Pedro Garraza, de los que también es acusado como coautor material del delito de tormentos.

En el caso del ex Juez  Eduardo Allende y ex Fiscal Hipólito Saa, fueron consignados como partícipes necesarios del delito de privación abusiva de libertad agravada en 23 hechos, 21 de los cuales también los cuentan como partícipes necesarios del delito de tormentos. Además, los ex magistrados figuran en el requerimiento del fiscal como partícipes necesarios del delito de homicidio agravado en seis hechos cometidos en perjuicio de Graciela Fiochetti, Santana Alcaráz, Domingo Chacón, Raúl Sebastián Cobos, Pedro Valentín Ledesma y Vicente Rodríguez.

En audiencias preliminares se acordó la incorporación de pruebas y declaraciones audiovisuales de 49 personas pertenecientes a los dos juicios anteriores. También fueron citados a declarar 11 víctimas: Ignacio Echandía, Julio Oscar González, Víctor Hugo Ciriveni, Inés Villarme, Mabel Merlino, Abdo Reid, Omar Prudencio Juárez, Raúl Alberto Castillo, Juan Manuel Echandía, Irma Zacardo de Castillo y Raquel Camacho de Castillo.

Las audiencias públicas comenzaron el 19 de octubre de 2018. En esa primera jornada  los jueces federales, pospusieron el juzgamiento de Hipólito Saá. Esto sucedió porque su defensa, planteó su apartamiento del debate, respaldada por el informe final realizado por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideró que presenta una “discapacidad cognitiva” y es “incapaz de comprender su contexto”. Tanto los fiscales Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo, como el abogado querellante de la APDH, se opusieron a este pedido y solicitaron una “ampliación de las pericias” porque “fueron insuficientes los argumentos utilizados para comprobar el estado de salud”. Por lo tanto quedaron solo tres imputados.

Luego de escuchar a los distintos testigos ofrecidos por las partes y con sendas inspecciones oculares en la ex Jefatura de la Policía Provincial, y a la sede del Tribunal Federal colindantes en época del terrorismo de Estado.¡, finalizó la etapa de testimonios.

El 30 de enero, luego de la feria, se retomaron las audiencias, con los alegatos de las partes.  Comenzando el Ministerio Público Fiscal, en  primer lugar el Fiscal Cristián Rachid y luego la Fiscal Mónica Spagnuolo.

Rachid destacó en su alegato que la necesidad de pena con fines de prevención sigue intacta, ya que ninguno de los imputados mostró arrepentimiento ni colaboró con las familiares de las víctimas con información para encontrar a quienes fueron desaparecidos y asesinados.

Al término de los alegatos, Fiscalía solicitó para el ex juez federal Allende la pena de prisión perpetua, también pidió que se condene a 15 años de prisión a Camps y  Caram, e instó a que, en todos los casos, los crímenes sean enmarcados como de lesa humanidad y que los acusados sean inhabilitados de forma perpetua. También solicitó el restablecimiento de  las prisiones preventivas de Allende y Caram, cuyo cese había dispuesto el tribunal por haber durado tres años, y que se mantenga la prisión preventiva que viene cumpliendo Camps, sin sujeción a plazo por haber sido ulteriormente prorrogada por sólo  tres meses.

El 8 de marzo, el abogado querellante de la APDH, Norberto Foresti hizo un pormenorizado alegato en el que destacó la cercanía de las dependencias del Juzgado Federal, Juez, Fiscal y Secretario, con el patio de ingreso de quienes eran ingresados como detenidos en la Jefatura, Central de Policía, de hecho un Centro Clandestino de Detención, ya que en la misma se interrogaba y torturaba a las víctimas.                                                                                                                     ”Es menester señalar que los aquí imputados desarrollaron una acción delictual en el marco del plan sistemático de aniquilamiento contra ciudadanos y en particular a las víctimas y de la propia Constitución Nacional, ya que con su accionar vulneraban derechos elementales consagrados en la misma. Además de distintos tratados internacionales contra las torturas y tratos degradantes, incluidos los crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada de personas…

….Por lo expuesto solicitamos al Tribunal condene a Eduardo Francisco Allende a la pena de reclusión perpetua y que los crímenes sean enmarcados como de lesa humanidad y que el acusado sea inhabilitado de forma perpetua. También se solicita el restablecimiento de  la prisión preventiva de Allende.

Para Alberto Camps se solicita la pena de 15 años de prisión, y que continúe en la prisión efectiva con la que llegó a éste juicio.

A Jorge Omar Caram, se solicita al Tribunal , se lo condene a 15 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

Lo solicitado por la querella, coincide con las penas pedidas oportunamente por el Ministerio Público Fiscal.

En todas las audiencias acompañando al ex juez Allende estuvo su hijo, el actual fiscal de Estado del Gobierno de San Luis, Eduardo Allende. Asisten miembros de la APDH, alumnos de la UNSL, familiares de víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado. También es de destacar, y con malestar lo han expresado desde la APDH, la escasa cobertura periodística de medios locales. En este sentido se ha notado especialmente la ausencia de Radio Nacional, que tuvo una cobertura especial en el primer y segundo juicio por delitos de lesa humanidad desarrollados en San Luis.

De acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal las audiencias continuarán el 22 de marzo con los alegatos de las defensas. Se estima que el 5 y 12 de abril serian las últimas audiencias del juicio.

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